Abuso sexual: «Fui brutalmente atacada, ellos siguen libres»

Luna Gómez denunció que fue abusada sexualmente por dos hombres. Lamentó que no tuvo la debida asistencia policial ni de salud, tras el abuso sexual

Un grupo de integrantes del colectivo trans y de militantes sociales contra la violencia de género se manifestó ayer en Santa Elena, en reclamo de justicia por el abuso sexual sufrido por Luna Abigail Gómez. El hecho ocurrió en la madrugada del sábado y los dos acusados seguían libres. Y también para pedir los cambios necesarios en las instituciones, tanto en la Policía como en el hospital, que dejaron a la víctima a su suerte, al actuar sin perspectiva de género ni respetando mínimos protocolos ante la denuncia.

Mientras estaban en la manifestación y asamblea en la plaza Centenario de la localidad del Departamento La Paz, Luna dialogó  y relató el episodio que sufrió en la madrugada del sábado:

“Yo fui violada, atacada brutalmente por estas dos personas en el domicilio de un vecino del barrio 25 de Mayo. Me pusieron algo en la bebida y se aprovecharon, me atacaron inconsciente”, afirmó la mujer trans.

La reunión entre el grupo de conocidos había comenzado el viernes a la noche. Cuando cerraron los negocios, fueron a la casa de ese vecino.

“Nos quedamos a la madrugada hasta cerca de las 4. El dueño de la casa se acostó y las otras personas se fueron. Nos quedamos tomando, estaba todo bien hasta ahí, pero me pusieron algo en la bebida que me sentí dopada, me caí, pero tomé total consciencia cuando esa persona me agarra por detrás y me hace lo que me hace. Yo no sé si quedé dormida o qué, no sé si habrá pasado más tiempo, y me desperté con muchos dolores”, relató.

En ese momento, además Luna advirtió que le habían robado el celular, entonces fue a la casa del agresor a pedírselo: “Se lo reclamé de buena manera, y me atacó brutalmente con elementos cortantes, un fierro, me partió una silla en el cuerpo, me agredió física y verbalmente”, describió, y agregó: “De ahí me dirigí a la comisaría. Fui golpeada a hacer la denuncia, no se redactó como violencia de género sino como hurto de un celular. Lamentablemente no hay justicia para las chicas trans en Santa Elena”, cuestionó.

Al contar lo sufrido entre sus amigas y otras personas que la contuvieron, el domingo a la mañana regresó a la comisaría: “Fui junto con una compañera que pertenece al Frente Diversidad, del Movimiento Evita, para hacerme compañía, a ampliar la denuncia, a contar desde un principio hasta el fin cómo fue todo”.

No obstante, si bien logró que quede claramente plasmado en la exposición el abuso sexual, el trámite igual se hizo con lentitud, pese a la gravedad del hecho denunciado. Finalmente, ayer la denuncia llegó a la Fiscalía de La Paz, a cargo de la fiscal Constanza Bessa, y ayer por la tarde Luna fue notificada para ir a declarar. Por esto, hoy podría haber novedades respecto de la situación de los dos acusados.

“En este momento siguen libres, no están detenidos, están sueltos como si no hubiera pasado nada, no hay Justicia que nos ampare, yo tengo miedo de salir a la calle por las represalias que podría sufrir”, lamentó la víctima.

Deficiencias

La respuesta del Estado a una víctima que denunció abuso sexual fue deficiente tanto respecto de la fuerza de seguridad como en el sistema de salud pública.

“En la comisaría -dijo Luna- no fueron capaces de asistirme, yo estaba completamente golpeada, con moretones, el labio roto porque me rompieron un diente, convaleciente. Y me fui caminando por mi propia cuenta al hospital”.

En el nosocomio local actuaron con la misma frialdad: “Me dieron un calmante y me mandaron a mi casa”, contó Luna, pese a que informó que había sufrido una violación, y dijo que eran enfermeros quienes la atendieron en la guardia. En cualquier institución de salud están obligados a activar todas las prácticas correspondientes ante casos de abuso sexual, fundamentalmente para prevenir enfermedades, para la atención psicológica y, además, para la producción de evidencia para la causa.

No se respetaron los pasos más elementales de los protocolos de actuación en las instituciones ante casos de abuso sexual, por lo cual parece que ningún agente del Estado que intervino cumplió con sus deberes como funcionario público. Incluso, se mencionó que en la comisaría local se había creado un área para atención de casos de violencia de género, que al parecer no funciona, o al menos no existió para este caso.

El hermano de Gisela López, víctima de un femicidio impune ocurrido en Santa Elena en abril de 2016, contó sobre su sensación al enterarse de este caso: “Es más de lo mismo, estamos en lo mismo que cuando fue el caso de Gisela. Los responsables son las partes políticas porque manejan las fuerzas de seguridad, sigue siendo la misma atención de siempre”, lamentó.

En su publicación en Facebook respecto del hecho, cuestionó: “Lamentamos que sigamos viviendo con fuerzas de seguridad ausentes , las personas que causaron este daño caminan por la calle libremente, yo lo vi con mis propios ojos ¿hasta cuándo hay que soportar toda esta ineficiencia?”.

“Pedimos la aplicación de la Ley Micaela”

En la protesta llevada adelante en la Plaza Centenario, los manifestantes hablaron sobre todo lo que aún resta por cambiar en la ciudad donde hay un femicidio impune: el de Gisela López, ocurrido hace cuatro años y medio. Por esto, no solo pidieron justicia para que se investigue y castigue a los responsables del abuso sexual sufrido por Luna Gómez, sino también “que se aplique la Ley Micaela”, dijeron .

La Ley Micaela (nombrada así por la joven víctima de femicidio en Gualeguay) fue sancionada por el Senado de la Nación el 19 de diciembre de 2018. Establece el Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres con el objetivo de “capacitar y sensibilizar” a todos los funcionarios públicos, de los tres poderes. En Entre Ríos está lejos de cumplirse en todos los ámbitos.

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