Docente no recibió “ni un solo peso” de su salario mientras hacía uso de licencia

El caso de una docente que cumple funciones en Nogoyá sirve como ejemplo sobre lo que sucede con las malas liquidaciones de los salarios por parte del gobierno provincial. Sandra Barreto no recibió “ni un solo peso” del salario correspondiente su trabajo del mes de junio y esto puso en riesgo el bienestar y la salud de ella y de sus dos hijos -uno recién nacido.

El caso se judicializó y el juzgado Civil y Comercial Nº 5 falló a favor del gobierno en una primera instancia. El abogado de la docente, Ramiro Pereira, presentó un recurso de apelación donde se argumentó que el gobierno no puede eximirse de sus responsabilidades legales de cumplir con el pago salarial de la docente.

La historia de Sandra Barreto es un caso testigo. Lo que pasa con la docente que cumplía funciones en Nogoyá puede tomarse como ejemplo de lo que le sucede a muchos trabajadores de la educación de la provincia por la responsabilidad del gobierno provincial y las malas liquidaciones de los sueldos. 

Acá lo que está pasando con las malas liquidaciones del salario docente roza lo inhumano y tiene que ver con el derecho alimenticio de los trabajadores y sus familias. Poder garantizarle un plato de comida a sus hijos es algo que para muchos docentes está dificultado porque no han cobrado un peso del salario por su trabajo. En ese contexto, es que los docentes educan a los hijos e hijas de toda la provincia. 

El caso de Barreto es uno de los pocos que se judicializó porque tiene particularidades que lo hacen más preocupante aún: la docente tenía licencia por maternidad y cuidado de sus hijos. Esto motivó que el gobierno provincial no le haya pagado ni un peso del salario correspondiente al mes de junio. Es decir, una madre de dos hijos no recibió el salario que le correspondía por sus suplencias en Nogoyá y por eso acudió a la justicia. 

Sin embargo, un fallo de Juzgado Civil y Comercial Nº5 de Paraná pretendió desligar al Consejo General de Educación (CGE) de las responsabilidades que le competen por ser el organismo educativo superior y encargado, por la constitución, de garantizar la educación y otros derechos laborales ligados al sector. Para la justicia, en primera instancia, la responsabilidad es de los directivos de la escuela. 

Esta decisión judicial fue apelada por Ramiro Pereira, abogado de Barreto, quien consideró que las responsabilidades del CGE y el gobierno provincial no pueden recaer sobre los directivos que permanecen subordinados a la autoridad competente. “Resulta claro que mi representada es dependiente del C.G.E. y que de tal situación surgen derechos y obligaciones tanto para el referido órgano autónomo constitucional como para la Sra. Barreto. Entre las obligaciones a cargo del C.G.E. se encuentra la obligación de pago de haberes, que no ha sido controvertida en autos”, explica la apelación del letrado que representa a la docente. La solicitud del abogado es que se revoque “por no ser acorde a las constancias obrantes en la causa ni ajustarse al derecho vigente”. 

Según Pereira, en el fallo de primera instancia “faltó considerar lo obvio”: “Los establecimientos educativos públicos no tienen personería jurídica y son órganos que integran el C.G.E., del mismo modo que el personal directivo es personal dependiente del C.G.E.”. Esto deja en claro que la responsabilidad por el no pago del salario de la docente es responsabilidad del gobierno provincial y no de los directivos de la escuela donde cumplía funciones. Este es uno de los motivos por lo cual el abogado pretende que una segunda instancia revoque el fallo del juzgado Civíl y Comercial Nº5 de Paraná. 

“Es decir, los hechos relatados por el C.G.E. de que mi mandante no cobró sus haberes correspondientes al mes de junio –ni un peso- por cumplimientos tardíos de sus dependientes, deben ser entendidos como un incumplimiento del propio Consejo General de Educación”, agregó el memorial que presentó el abogado ante la Justicia. 

En esa línea, el letrado insistió: “El personal directivo de tales órganos, actuando en tal calidad, realiza hechos y actos que se imputan jurídicamente a la persona moral Consejo General de Educación”. Es por esto que el abogado calificó como “absurda” la conclusión del juzgado en primera instancia. “Mi mandante, una modesta docente que vive de su sueldo, no ha cobrado un sólo peso este mes de julio por los haberes del mes de junio, pese a haber gozado de licencia (por maternidad y cuidado del grupo familiar)”, agregó el texto. 

Es decir, Barreto no ha percibido el salario de junio y con esto se pone en riesgo el elemental derecho de alimentación suyo y de sus dos hijos, de los cuales uno es recién nacido. Incluso, el fallo solicita a la docente que “espere hasta agosto para cobrar sus habéres” y que además, la propia decisión del tribunal pretende que los costos judiciales los pague la propia trabajadora que no ha cobrado un peso de su salario. 

“Ello importa desconocer el contenido alimentario de los haberes. Y no puede aducirse la existencia del sistema de liquidaciones adoptado desde noviembre de 2016 como eximente de toda responsabilidad al C.G.E.”, explicó el abogado en la instancia de apelación. “La adopción de un sistema de liquidaciones no puede dar carta blanca al C.G.E. para pagar en cualquier momento, fuera de toda razonabilidad, puesto que las obligaciones de los docentes suplentes para su vida diaria –comestibles, vestimenta, alquiler, servicios, etc.- se ordenan mensualmente”, explicó el letrado.

En esa línea, el abogado explicó a la Justicia que el salario de docente que tiene Barreto “es su único ingreso, siendo ella sostén de familia”. “De la sentencia impugnada surge implícito, insisto, que el C.G.E. puede válidamente pagar un sueldo en junio y el siguiente en agosto, dejando a un dependiente suyo un mes sin sueldo”, agregó. Es inadmisible que la Justicia pretenda que un trabajador subsista sin el pago correspondiente a un mes de su salario por errores del gobierno. 

Para el abogado la responsabilidad es del CGE, es decir del gobierno. Incluso, si los errores surgieron de un error de los directivos, estos forman parte de la estructura gubernamental de autoridades y no puede cortarse el hilo por lo más delgado, porque las responsabilidades legales de los derechos referidos al trabajo educativo son del gobierno provincial “puesto que la carga de datos para la liquidación de haberes las hacían en tanto que dependientes del C.G.E.”, explicó. 

“Del mismo modo, un empleador privado que no pagara en término sus sueldos, no puede excusarse en insuficiencias de su sistema de liquidaciones o de omisiones o incumplimientos de dependientes suyos. Del mismo modo, el Estado Provincial (Poder Ejecutivo, los organismos autárquicos, las cámaras de la legislatura, el propio Superior Tribunal de Justicia como órgano de gobierno del Poder Judicial), no pueden excusar su falta de pago en su sistema de liquidaciones o en incumplimientos o cumplimientos tardíos de empleados o funcionarios suyos. Aún para la cobertura de suplencias”, agregó la apelación.

La historia de Barreto y la palabra gremial
Barreto se dirigió a sus representantes de la seccional Nogoyá de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER). La docente lloró desconsoladamente. Claro, su sueldo no fue liquidado. No tenía un peso para subsistir y para darle de comer a sus hijos, al menos sin colaboración de otra familia. 

Eugenio Medrano es el titular de la seccional y mencionó: “Ella tenía licencia por maternidad y se terminó. Después pidió por cuidado de familiar, presentó los papeles en tiempo y forma, dentro de las 48 horas como establece la normativa”, explicó el docente gremial. 

“La carga de la licencia y la suplencia que ella hacía era del 1 de junio al 30. No le pagaron un sólo peso, no está liquidado un sólo peso. Y del Sueldo Anual Complementario (SAC), le pagaron 1.000 y pico de pesos, menos del 40 por ciento de lo que tenía que cobrar porque si bien no estuvo frente a alumnos, tuvo una licencia por embarazo. Al cargo lo tenía y correspondía que lo cobre”, explicó el gremialista.

La descripción del estado anímico de Barreto cuando dialogó con sus pares gremiales es contundente: “La compañera vino, fue muy fuerte porque lloraba desconsoladamente, tratamos de contenerla pero no había palabras de consuelo para el dolor que estaba sufriendo”, lamentó.

“Ella es sostén de familia, tiene dos hijos. No le pagaron poco dinero, no le pagaron directamente el sueldo. Pero el CGE no prevé una alternativa de solución inmediata ante esas situaciones. Porque una cosa es si recién pasó un caso, pero esto viene pasando desde noviembre del año pasado”, lamentó Medrano. 

Aseguró que con el medio aguinaldo fue peor la situación: “Es muy penoso ver esta situación que también es la de muchos que no vienen a la seccional por miedo y vergúenza”, lamentó el dirigente de AGMER Nogoyá. Cabe decir que Barreto no cobró siquiera un peso a través del pago de planillas complementarias, mecanismo habitual del gobierno para “reparar” los “errores” en las liquidaciones. También cabe asegurar que dicho pago por complementaria, en muchas ocasiones, queda tan sólo en la promesa y no se efectiviza. Una doble falla de los responsables políticos. 

“No hablamos de sueldos de ganancia para guardarlos, una plusvalía o comodidad, sino del sustento alimenticio de un trabajador. Nos gustaría saber qué haría un empleado del CGE o un juez si un mes no cobrara su sueldo. ¿Qué pasaría? Porque es re fácil decir a viva voz que son casos aislados, pero un docente que trabajó o tomó licencia permitida por la legislación, está en total derecho de cobrar su sueldo y es lo que corresponde”, criticó el dirigente sindical.

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