Gobierno y UPCN se volverán a reunir por recategorizaciones

El Gobierno convocó a UPCN para este viernes en la Secretaría de Hacienda. En el último encuentro, las autoridades provinciales presentaron un borrador del instructivo, que el sindicato analizó y le hizo “una serie de consideraciones” que planteará en esta nueva reunión, adelantó la secretaria Gremial de UPCN, Carina Domínguez

Las autoridades del Gobierno provincial se volverán a reunir con representantes de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) este viernes 2 de noviembre a las 11 para continuar con las negociaciones por el instructivo de reubicación escalafonaria, que establece los criterios para la recategorización 2018 del personal.

“En la última reunión tuvimos un borrador que el Gobierno presentó ante la contrapropuesta nuestra”, comentó Domínguez respecto al encuentro que se concretó el 26 de septiembre pasado. “Nosotros le hicimos una serie de consideraciones que enviamos al Ministro de Economía hace unos días”, agregó y remarcó que “seguramente a raíz de ese análisis se van a poder discutir los punto que todavía no tenemos coincidencia absoluta con el Gobierno”.

Respecto a esas diferencias, comentó que “una de las cuestiones que impulsamos con mayor énfasis es que se pueda obtener una categoría más a partir de los 30 años de servicio en el empleo público”. Recordó que “el propio presidente de la Caja de Jubilaciones (Daniel Elías) ha emitido una opinión respecto a la necesidad de prolongar la vida activa de los trabajadores, pero al mismo tiempo no se ofrece ni un adicional por antigüedad que contemple esta situación, ni una categoría que haga atractiva la permanencia en el Estado provincial”, lamentó. En el mismo sentido expresó: “Por un lado nos piden un esfuerzo para hacer sustentable el sistema jubilatorio, y por el otro, mientras estamos en actividad no nos permiten hacer carrera”.

Afirmó además que “otro punto tiene que ver con el área de Salud, donde insistimos con correcciones en relación a los agentes sanitarios. También en aspectos técnicos de reformulación en la redacción del alcance de la recategorización para los profesionales”. Sobre este ítem señaló: “Estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión a quiénes deberíamos contemplar en este punto. Pero tenemos diferencias respecto a cómo describe ese capítulo, y eso puede tener los inconvenientes que ya tuvo el instructivo anterior en relación al sector profesional”, precisó.

“Desde la última reunión hemos hecho distintos aportes, sobre todo basados en cuestiones técnicas, para que el instructivo sea realmente beneficiosos para los trabajadores alcanzados”, remarcó Domínguez y acotó que “sobre esa base estamos esperando la reunión del 2, para que podamos tener la definición concreta y podamos trabajar en el procedimiento para que los trabajadores sean alcanzados por esta recategorización, tal como lo habíamos acordado en la paritaria y que es un logro importante”.


• Informe

UPCN elaboró un informe con las objeciones planteadas sobre el borrador entregado en la última reunión con el Gobierno provincial, que a continuación se detallan:

“1)     Solicitamos que los aspectos acordados se respeten y ratifiquen, evitando incorporar nuevos elementos no tratados en los encuentros anteriores.

Respecto de los puntos elevados en la contrapropuesta de UPCN se considera un avance:

a)     la diferenciación de las funciones manteniendo la categoría inicial de los administrativos

b)     la aceptación de la cláusula para estudiantes universitarios con el 60% de materias aprobadas con acceso a una categoría diferencial (como en el pase a planta y adecuación de categorías 2015)

c)     Mantener la conquista de recategorización para quienes tienen reconocimiento de estabilidad

d)     Extender seis meses la fecha de corte llevándola al 30/06/17 implicando un número cercano a mil compañeros más que serán beneficiados con nuevas categorías

e)     Considerar sin distinción las jefaturas de división y departamento como cargos jerárquicos, admitiendo que se acumulen las antigüedades en las funciones desempeñadas con continuidad para obtener una categoría superior. Se logró revalorizar la carrera ya que en el instructivo 2015 se previó una situación solo ventajosa para los funcionarios con cargos jerárquicos en la planta permanente no así para los trabajadores.

2)     Respecto del escalafón general, reiteramos el pedido de incorporar un tramo más a partir de los treinta (30) años con la categoría 2.

Este pedido se fundamenta en las afirmaciones de funcionarios del propio gobierno provincial que hablan de la necesidad de prolongar la vida laboral en el empleo público a fin de hacer sustentable el sistema jubilatorio.

Por un lado se insta a la permanencia de los trabajadores pero ese esfuerzo no se refleja ni en la antigüedad (que no cambia después de los 25 años) ni en la categoría (que tiene como techo la categoría 3 para los empleados de planta y no existe otra posibilidad de carrera y progreso escalafonario si no es a través de una jefatura).

La fundamentación de los representantes del gobierno es que no se puede otorgar una categoría mayor a un empleado sin cargo jerárquico que a un jefe, en un escalafón achatado y acortado para esos casos a solo ocho (8) categorías.

No se comparte igual criterio para otros escalafones donde la antigüedad es mejor reconocida en la estructura salarial de diversos modos y se considera parte de la carrera misma.

Es igualmente débil el argumento de que al no haber parámetro para recategorizar y por una economía de esfuerzo y tiempo se tomará el esquema del 2015. En este sentido entendemos que los acuerdos paritarios que incluyen las recategorizaciones anteriores son piso de conquistas y deben ser mejoradas en el transcurso de las negociaciones.

En nuestra propuesta original planteamos la modificación escalafonaria por tramos que comprendan cuatro años de permanencia en la categoría previa, tal como lo señala la Ley 9755 en su capítulo de promociones automáticas. Se desestimó esta idea, como así también las críticas a la arbitrariedad de los tramos con períodos de antigüedad inequitativos que no tienen explicación lógica. Por lo tanto, a fin de reivindicar la carrera reiteramos que al menos se considere una categoría mejor para los 30 años de antigüedad.

Esta decisión, además, no implica costos presupuestarios importantes ya que es una cantidad mínima de trabajadores que revisten en esta antigüedad, como así tampoco incrementa los costos de la Caja de Jubilaciones ya que los cálculos para los haberes en este caso se basa en los últimos diez años de servicio.

En fin, de aceptarse esta opción se trataría más de un gesto y un reconocimiento y fundamentalmente de la coherencia que debe tener el estado al fijar sus políticas de empleo.

3)     Respecto de los profesionales, sigue sin resolverse el problema de redacción en el borrador del instructivo. A fin de no ser reiterativo, remitimos a la explicación vertida en la contrapropuesta y adjuntamos los decretos con los modelos de contrato de servicio donde queda expresada la imposibilidad de exigir estos requisitos.

4)     Insistimos, asimismo, en incorporar previo a la firma del Instructivo a la Dirección de Recursos Humanos con el propósito de unificar criterios respecto de pautas y procedimiento a efectos de una consideración técnica

5)     Respecto de salud mental, analizada la propuesta del gobierno, sostenemos dos cuestiones:

a)     No se mantiene coherencia con los avances logrados para el escalafón general, por ejemplo en lo que hace a la diferenciación de categorías en la función administrativa y de servicios. Esto claramente relega a los sectores administativos.

b)     La escala omite la categoría 8 (ya que comienza a los 6 años con la categoría 7) la que debería incorporarse con una antigüedad de cuatro (4) años a la fecha de corte.

6)     Solicitamos que en el instructivo se deje aclarado que organismos como Iprodi y Uader tendrán una discusión específica posterior, sobre la base y espíritu del instructivo general, pero adecuado a los regímenes que poseen. En este punto deberá dejarse aclarado que la recategorización general también se aplicará en estos organismos a cuenta de modificaciones más beneficiosas que pudieran surgir para el personal alcanzado.

7)     En cuanto a los agentes sanitarios, expresamos desacuerdo en la propuesta del Ministerio de Salud en tanto plantea una manifiesta desigualdad con procesos de recategorización anteriores donde, por no ser medidas desprendidas de la paritaria sino decisiones políticas unilaterales, quedaron excluidos compañeros.

Como alternativa se acordó estudiar el escalafón,  y en caso de corregirse en  forma simultánea a las recategorizaciones las distorsiones salariales ocasionadas por la postergación que ha sufrido el sector, podría ponerse a consideración la metodología impulsada por el Ministerio”. (APFDigital)

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