Moyano vuelve a la calle el 22-F y suma a opositores

Con Hugo Moyano a la cabeza, el sindicalismo opositor hará una manifestación el 22 de febrero contra la política económica del Gobierno.

El exlíder de la CGT lanzó ayer una convocatoria del gremio de los Camioneros que, en los hechos, servirá como base para la confluencia de otros sindicatos refractarios a la administración de Mauricio Macri así como de las dos versiones de la CTA, organizaciones sociales y sectores de la oposición política. Hasta anoche no estaba resuelto el lugar de la protesta aunque las chances más firmes eran la Plaza de Mayo o la avenida 9 de Julio. 

Significará la vuelta de Moyano a la primera plana de la conflictividad callejera, un rol que había abandonado en 2016 luego de la reunificación de la CGT bajo la conducción de un triunvirato. La decisión de confrontar con la administración de Mauricio Macri, que adelantó este diario el martes, se resolvió ayer en un plenario nacional del gremio de Camioneros. 

El primer indicio de que habría una medida de acción directa del sindicalismo opositor en febrero fue la reunión convocada la semana pasada en Mar del Plata por Luis Barrionuevo con la participación de Moyano, los triunviros de CGT Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, el bancario Sergio Palazzo y el maquinista de trenes Omar Maturano, entre otros referentes. En aquella oportunidad los asistentes firmaron un documento con duros cuestionamientos a la política económica oficial y contra las maniobras en perjuicio de gremios y las reformas previsional y laboral. 

En el caso de la protesta resuelta ayer por Camioneros la mecha fue la falta de acuerdo con su contraparte empresaria, la cámara Fadeeac, en torno del bono reclamado desde el fin de 2017. Tras sucesivas negativas la entidad patronal contestó que sólo aceptaría pagarlo en caso de que el gremio se aviniera a negociar una rebaja del 1 al 0,5% en el plus salarial por año de antigüedad. 

Pero además de esa razón y las de política económica, la reacción de Moyano tiene su origen en la apertura o reactivación de una serie de investigaciones judiciales y gubernamentales contra el sindicato de choferes y el propio entorno familiar del dirigente. En este rubro el camionero anota varias causas en trámite en el fuero federal que lo involucran en supuestas maniobras de lavado de dinero, desvío de fondos del sindicato a empresas de su familia, facturaciones truchas y aparentes negociados en Independiente, que cuentan con la apoyatura de organismos oficiales como la AFIP y la UIF. 

Ese escenario encontró a Moyano junto a otros gremialistas investigados como el propio Barrionuevo o Acuña, su delfín en el triunvirato de la CGT. Cerca del camionero dan por sentado que esa será la primera línea de los anotados en la protesta del 22. También descuentan la adhesión del bancario Palazzo, presionado por el Ejecutivo para cerrar su paritaria en la pauta de aumentos del 15% sin cláusula gatillo que pretende el oficialismo. A ellos se sumarán las dos vertientes de la CTA que conducen Hugo Yasky y Pablo Micheli, con quienes ya hubo contactos en esa dirección durante la semana, y presumiblemente también organizaciones sociales enfrentadas al Gobierno. 

Respecto de las adhesiones políticas en el entorno de Cristina de Kirchner adelantaron al menos una concordancia de criterio total con las razones del acto y manifestaron apertura para conversar con los organizadores sobre una participación más concreta. 

El texto que difundió Camioneros sobre la convocatoria alega que la protesta apunta a “la defensa del convenio colectivo de trabajo 40/89 (del gremio), la preservación del empleo y mejoras salariales”, y que fue resuelta “en un contexto económico que se muestra desfavorable a los intereses y necesidades de la mayoría de los trabajadores de diversas ramas”. Cerca de Moyano dijeron que más allá de la reivindicación puntual para los afiliados la movilización se extenderá a la oposición en un sentido más amplio, cuya dimensión dependerá de negociaciones en marcha. 

La sumatoria de factores de confluencia abarca desde la sanción conflictiva de la reforma previsional a fin de año, el intento oficial por avanzar sobre cambios en la legislación laboral, el dictado de un súper DNU con afectaciones laborales y en la seguridad social y la intención de fijar una pauta de aumentos del 15% como techo para las paritarias sin cláusula gatillo ni adicionales. 

Sobre este punto el Gobierno no logró todavía encarrilar las negociaciones en esos parámetros y presiona sobre dos sectores clave: el gremio de Comercio, el de mayor número de afiliados en todo el país y con un líder afín como Armando Cavalieri (ver aparte) y la Asociación Bancaria, cuyo referente, Palazzo, es sindicado por los funcionarios como un opositor político.

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