Citarán a los familiares que mantuvieron cautiva a una mujer de Nogoyá

La justicia citó para el 7 de marzo a la hermana y la sobrina de una mujer de 82 años, que denunció haber permanecido secuestrada durante más de tres meses, y que durante ese período le fueron quitando parte de su patrimonio; La citación es para imputarles el delito de privación ilegítima de la libertad, causa en la que está involucrado además un abogado 

Una mujer de 82 años, viuda, recibió la invitación de su hermana, afincada en Paraná, para pasar unos días durante la Semana Santa de 2017. Eso hizo la mujer: viajó de Nogoyá a Paraná dispuesta a pasar unos días con su hermana y su sobrina. Pero aquella invitación viró pronto a un secuestro: acá permaneció, sin poder volver a su casa, durante tres meses y cuatro días.

El cautivero acabó cuando la mujer pudo sortear la férrea vigilancia de los suyos, tomar un teléfono y avisar a una amiga de Nogoyá. La amiga dio aviso a la Justicia, y fue así como pudo ser rescatada. Primero intervino el fiscal Federico Uriburu, de la Unidad Fiscal de Nogoyá, y después, el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, de Paraná, y así la nogoyaense pudo ser liberada.

Se abrió entonces una investigación penal preparatoria, caratulada por privación ilegítima de la Libertad, que avanza hacia el juicio oral. El 7 de marzo deben prestar declaración ante el fiscal Uriburu tres personas a las que se les imputará el delito de privación ilegítima de la libertad, siendo estas la hermana de la mujer nogoyaense, la sobrina y un abogado. A los tres se los acusa de haber planeado el secuestro y, después, la enajenación de los bienes de la mujer.

En el tiempo que la mujer estuvo “enferma”, ése fue el argumento que dieron para justificar su ausencia ante su conocidos de Nogoyá, quitaron de su patrimonio dos vehículos: un automóvil marca Volkswagen Cross Fox dominio colocado MAE 525, y una camioneta marca Nissan modelo Frontier dominio FZO 749, que comenzaron a ser buscados intensamente, hasta que pudieron dar con su paradero.

El 8 de noviembre, el juez de Transición y Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta, firmó la orden de secuestro de esos dos vehículos. “En caso de ser habidos los vehículos indicados se hará entrega de los mismos a su titular registral en carácter de depositaria judicial, bajo actas de estilo”, dice la resolución que firmó el magistrado.

Fue a pedido del fiscal Uriburu, quien justificó la solicitud frente a “la necesidad de que la víctima recupere sus bienes, y a los fines de evitar que los mismos sean transmitidos a título oneroso por las denunciadas, a terceras personas, quienes a su vez podrían trasnmitirla y perderse el objeto de la presente” investigación.

El domingo 28 de enero, el fiscal Uriburu recibió en su teléfono celular un mensaje: le avisaban que esos vehículos, cuya orden de secuestro había ordenado la Justicia en noviembre, podrían ubicarse en un domicilio de Paraná. Más precisamente, en Avenida Laurencena al 200, propiedad de una de las futuras imputadas, la sobrina denunciada.

Hasta allí se dirigió una comisión policial que, efectivamente, dio con la camioneta Nissan Frontier; pero no con el Cross Fox, que fue encontrado en un predio de Avenida de las Américas.

Ambos vehículos llegaron de inmediato a Nogoyá, y fueron puestos en poder de su dueña.

De ese modo, se cierra parte del círculo que se abrió con aquel viaje de invitación de la familia a Paraná, el secuestro durante más de tres meses, y la liberación, el primer viernes de agosto pasado.

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