La capacitación en la reforma procesal penal

Los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos vienen recibiendo una capacitación –de carácter obligatoria- para afrontar el desafío de implementar la reforma Procesal Penal en los departamentos de la provincia que aún no se desarrolla como es el caso de Gualeguaychú.

Esta capacitación –que finaliza mañana- implicó seis encuentros y fue obligatorio para los magistrados y funcionarios de las jurisdicciones de Victoria, Nogoyá, Gualeguay y Gualeguaychú; y optativa para las jurisdicciones de Colón, Concepción del Uruguay, Tala, Villaguay y Concordia.
Con la reforma procesal penal se introduce un nuevo (para Entre Ríos) sistema de enjuiciamiento penal. No es una simple reforma sino una gran transformación. Por empezar se determina que la investigación la realizará el Ministerio Público Fiscal y no ya el Juzgado de Instrucción, que dicho sea de paso desaparecerá como tal para dar lugar al juez de Garantía.
El otro cambio importante es que se introduce la oralidad desde el inicio mismo del proceso penal, cuya experiencia indica que se avanzará mucho en materia de transparencia en el proceso judicial.
Este cambio de paradigma (abandonar el llamado sistema mixto o inquisitivo) surge para estar a la altura de la demanda de la Constitución y la reforma está llamada a ser una gran herramienta para las garantías en el proceso, mejorar la seguridad ciudadana e incluso fortalecer al propio Estado republicano.
No hay que visualizar estos cambios solamente como una reforma en las normas vinculadas con la estructura orgánica del Poder Judicial entrerriano, sino fundamentalmente con un cambio en la cultura del trabajo dado que se flexibilizará el sistema al eliminarse grandes estructuras de la burocracia judicial.
Por eso esta capacitación que culminarán los magistrados y funcionarios hay que valorarla en el sentido de que se busca una correcta implementación, justamente porque de esa instrumentación dependerá en gran parte su éxito.
Para ese éxito es imperioso que el Estado dote de mayores recursos presupuestarios, caso contrario los esfuerzos serán siempre insuficientes para lograr una Justicia eficaz y accesible al ciudadano.
Hay algo a favor: un gran consenso acerca de la necesidad y oportunidad de la reforma y ello implica una mejor predisposición para asumir la transición hacia modelos acusatorios que mejoren al propio sistema de Justicia Penal.
El otro tema que habrá que monitorear serán los llamados casos residuales, esos expedientes abiertos antes de la implementación de la reforma y que serán cruciales para la llama transición judicial.
Y junto a todo ello, la necesidad de invertir en materia de infraestructura edilicia. Y este tema no es menor porque siempre aparecerá como condicionante incluso para la incorporación de tecnología.
¿Es suficiente la reforma para un mejor servicio de Justicia? Es evidente que no, pero tampoco se debe eclipsar el concepto de que se trata de un gran avance, donde la investigación y las garantías redundarán en una mejor sociedad.
Con la capacitación de mañana finaliza se clausura una etapa y se inaugura otra: la forma que tiene el Estado para arrebatar el conflicto en la sociedad mejorará y es de esperar que con esa mejora, también disminuyan los pleitos y el vicio de litigar.
Diario El Argentino

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