Sacan del cargo a una doctora del Hospital San Blás

El Estado decidió aplicar la máxima sanción a la doctora Adur, jefa de Clínica del Hospital San Blas de Nogoyá. Una mujer, que estaba siendo atendida en forma particular por la profesional, asistió al hospital público de Nogoyá para dar a luz, pero allí una serie de decisiones desacertadas de la profesional estiraron la realización de una cesárea indicada por otros profesionales. Lamentablemente, el desenlace resultó fatal, habiéndose podido evitar ese final.

Una médica del Hospital San Blas fue dejada cesante al encontrársela culpable de faltar a sus deberes profesionales de cuidado de un paciente.

Cuando por fin se llevó a la mujer al quirófano, ya era tarde: la beba, de 3,2 kilogramos, nació muerta. El caso llegó a la Justicia, donde quedó “debidamente probado” una “violación a los deberes de cuidado a partir de una mala praxis médica por parte de la imputada”, situación que fue determinante para el fatal desenlace.

Pero la médica eludió la finalización del proceso, y pidió la suspensión del proceso a prueba, y el beneficio de la probation. Pero ello no significó el sobreseimiento, y tampoco agotó la potestad del Estado de aplicarle una sanción. Y eso fue lo que ocurrió ahora, siete años después de ocurrido el hecho.

Los hechos
Paola Soledad Amarillo tenía fecha probable de parte entre el 2 y el 8 de febrero de 2005. El primero que recomendó practicarle una cesárea fue el doctor Wilbert Sullcacori Pillco, de guardia el 11 de febrero de aquel año en el Hospital San Blas.

Después de revisarla, el médico consideró que no era aconsejable un parto normal, y que debía someterla a una intervención quirúrgica. Eso indica a los instrumentistas y enfermeros: que cuando todo esté listo para la cirugía lo llamaran a su domicilio particular.

Efectivamente, a las 12,30 de ese día el doctor Pillco recibe un llamado, pero de muy otro tenor: al teléfono estaba la doctora Nora Violeta Adur, la profesional que venía atendiendo en forma particular a la parturienta, y le dijo eso, que era su paciente, y que la cesárea no se realizaría. Acto seguido, Adur le dio el alta a la mujer.

Paola Amarillo, que tenía fecha probable de parto para la primera semana de febrero, seguía sin dar a luz. El 17 de febrero vuelve al Hospital San Blas, y esa vez la partera Julieta González, después de revisarla, le informa a la doctora Adur que el bebé estaba con bradicardia (un descenso en el ritmo cardíaco), que de mantenerlo adentro de la panza correría peligro su vida, y que se hacía necesario una cesárea.

El anestesista César Donato Centurión fue alertado para que se quedara en el hospital ante la eventualidad de una cirugía. No hubo caso: todo fue demasiado tarde. En sede policial, y al prestar declaración, el pediatra Ricardo Omar Koehler, estando de guardia el día 17 de febrero, dijo que debió practicar una cesárea, extrayendo un feto muerto intrauterino.

El caso no quedó sin investigación. Fue llevado a la Justicia. La doctora Adur fue procesada, y una vez elevada a juicio la causa, la profesional pidió la suspensión del juicio a prueba, y logra el beneficio de la probation, pero eso no eliminó las responsabilidades.

En el auto de procesamiento, la Justicia le reprochó a Adur haber desacreditado la indicación del doctor Pillco de practicar una cesárea el 11 de febrero, y haber mandado a Paola Amarillo a su casa. “He aquí la actividad culposa fundamental”, dice el texto de la resolución judicial.

“Resulta entonces determinante la irrupción imperita de Adur respecto de la muerte que ocurrirá posteriormente, toda vez que interrumpe y logra suspender una decisión diligente de la Guardia del Hospital”, indica la resolución del procesamiento.

La responsabilidad.
Siete años después de ocurridos los hechos, y ya con la sentencia judicial y aún con la suspensión del juicio a prueba, el Estado decidió aplicar la máxima sanción a la doctora Adur, jefa de Clínica del Hospital San Blas, de Nogoyá, y decidió aplicarle la sanción de cesantía.

La medida está contenida en el decreto Nº 5.323, del 2 de diciembre último, publicado ayer en el Boletín Oficial. La aplicación de esa medida disciplinaria, dice el texto del decreto, es al margen de lo que haya resuelto la Justicia, porque siempre las medidas disciplinarias en el Estado van por una cuerda separada de la acción judicial, salvo que un tribunal decida la absolución de un empleado público por inexistencia del hecho.

Al respecto, la Comisión Asesora de Disciplina dictaminó que la suspensión del juicio a prueba “de ninguna manera impide adentrarse en el análisis de la materialidad del hecho y su autoría responsable”.

La Comisión Asesora encontró que la doctora Adur “incurre claramente en falta a sus deberes de cuidado con relación a la paciente Amarillo, al interrumpir y suspender la cesárea sin justificación médica atendible”, publicó EL DIARIO. (Fuente APF)

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